25/08/2026
La Ley de Bienestar Animal es la norma estatal que establece un marco común de protección, derechos y obligaciones para los animales de compañía en España. Su objetivo es mejorar la convivencia, reducir el abandono, prevenir el maltrato y promover una tenencia responsable basada en cuidados reales, no solo en la posesión del animal.
Esta ley se aplica a animales de compañía y animales silvestres en cautividad, aunque contempla exclusiones concretas. Entre ellas figuran los animales de producción, los animales utilizados en espectáculos taurinos, los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza, que se rigen por su normativa específica.
Las obligaciones de los propietarios se centran en garantizar identificación, cuidados, supervisión, atención veterinaria y prevención de daños a terceros. La norma exige una conducta activa ya que no basta con evitar el maltrato físico, sino que también hay que asegurar que el animal vive en condiciones compatibles con su salud y bienestar.
La identificación del animal es una de las primeras obligaciones. Perros, gatos y hurones deben estar identificados conforme a la normativa aplicable, lo que facilita su trazabilidad, ayuda a combatir el abandono y permite localizar al titular si el animal se pierde. La documentación base del artículo también incide en la importancia del microchip y del registro autonómico como mecanismos de control y recuperación del animal.
El titular del animal debe mantener actualizados sus datos, comunicar cambios relevantes y notificar la pérdida o sustracción en los plazos previstos. La Ley 7/2023 recoge expresamente la obligación de evitar que los animales causen daños, perjuicios o molestias a personas, otros animales o bienes.
En el caso de los perros, la Ley 7/2023 prevé la obligación de contratar y mantener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros durante toda la vida del animal, en los términos previstos por la normativa aplicable. Por eso, contar con un Seguro para Perros puede ayudarte a responder ante reclamaciones por daños personales o materiales causados por tu mascota.
Las condiciones de bienestar deben adaptarse a la especie, edad, estado de salud y necesidades del animal. Esto incluye alimentación adecuada, agua, higiene, espacio suficiente, protección frente al clima y un entorno seguro que evite riesgos previsibles.
Para cumplir con la ley, el propietario debe garantizar especialmente:
La ley también exige cuidados veterinarios cuando sean necesarios. Las revisiones, vacunas, tratamientos y medidas preventivas ayudan a proteger al animal y reducen riesgos sanitarios para otros animales y personas. En perros, por ejemplo, conviene prestar atención a síntomas compatibles con patologías frecuentes y consultar contenidos especializados sobre enfermedades de los perros para saber cuándo acudir al veterinario.
Quedan prohibidas las prácticas que causen dolor o sufrimiento injustificado, como mutilaciones sin indicación veterinaria o métodos de manejo que generen lesiones, miedo o estrés intenso. La intervención veterinaria debe responder a criterios sanitarios, no a motivos estéticos o de comodidad para el propietario.
La tenencia responsable implica mantener al animal bajo control, evitar su huida y prevenir situaciones de riesgo. La ley prohíbe dejar animales en condiciones que puedan comprometer su vida, como vehículos cerrados expuestos a temperaturas peligrosas.
El abandono animal es una de las conductas más perseguidas por la norma. No recoger un animal de una residencia, dejarlo sin atención, no comunicar su pérdida o permitir que deambule sin control puede derivar en sanciones, especialmente si existe daño, riesgo o reiteración.
Para los perros, la Ley 7/2023 también prevé un curso de formación en tenencia responsable, pendiente de concreción reglamentaria en algunos aspectos prácticos. El Ministerio de Derechos Sociales mantiene materiales de tenencia responsable dentro del programa #EresResponsable, pensados para mejorar la información de quienes conviven con animales.
La Ley de Bienestar Animal puede sancionar acciones y omisiones. Es decir, no solo se castiga el maltrato directo, también la falta de cuidados, la ausencia de identificación, la desatención prolongada o la exposición del animal a situaciones incompatibles con su bienestar.
Entre las conductas sancionables más habituales se encuentran:
También pueden generar sanción la falta de comunicación de pérdida o sustracción, la utilización de animales como reclamo, premio o promoción, y las intervenciones quirúrgicas sin justificación veterinaria. En los supuestos más graves, la conducta puede pasar del ámbito administrativo al ámbito penal, especialmente si existe maltrato, lesiones graves o muerte del animal.
Las multas de la Ley de Bienestar Animal se dividen en infracciones leves, graves y muy graves. La cuantía depende del tipo de conducta, el daño causado, el riesgo generado, la intencionalidad y la reincidencia.
Las infracciones leves se sancionan con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros. Se aplican cuando se incumplen obligaciones o prohibiciones de la ley sin provocar daños físicos ni alteraciones graves en el comportamiento del animal.
Pueden encajar en este nivel determinados incumplimientos documentales o preventivos, siempre que no exista daño relevante. Aún así, una conducta aparentemente menor puede agravarse si se repite, se prolonga en el tiempo o genera riesgo para el animal o para terceros.
Las infracciones graves conllevan multas de 10.001 a 50.000 euros. Este tramo se aplica a conductas que causan daño o sufrimiento al animal, o que vulneran obligaciones importantes de identificación, cuidado, control o protección.
Entre los ejemplos de infracción grave figuran el abandono, la falta de identificación obligatoria, el uso de métodos agresivos o violentos, las mutilaciones no autorizadas y mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos.
Las infracciones muy graves se sancionan con multas de 50.001 a 200.000 euros. Se reservan para conductas de especial entidad, como aquellas que provocan la muerte del animal, suponen explotación ilegal o implican maltrato extremo.
La ley considera especialmente graves acciones como el sacrificio no autorizado, la eutanasia con medios inadecuados o por personal no cualificado, el uso de animales para peleas, la cría o comercio no autorizado con fines comerciales y la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales.
Además de la multa, pueden imponerse medidas accesorias, como la intervención del animal, la clausura de instalaciones, la suspensión de autorizaciones o la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales.
En 2026, el cambio normativo más relevante es el Real Decreto 69/2026, que regula aspectos organizativos de bienestar y protección de animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura. Esta norma crea la Mesa de coordinación, concreta funciones y designa estructuras de referencia para mejorar la aplicación de la normativa en ese ámbito.
De forma resumida, en 2026 conviene tener presentes estos puntos:
Este real decreto no sustituye la Ley 7/2023 ni modifica por sí solo las sanciones principales para propietarios de animales de compañía. Su finalidad se dirige sobre todo a reforzar la coordinación administrativa, técnica y científica en animales de producción agraria y acuicultura.
También en 2026 avanza el desarrollo de los listados positivos de animales de compañía, mediante un proyecto de real decreto sometido a información pública por el Ministerio de Derechos Sociales. Este desarrollo busca concretar qué especies podrán mantenerse como animales de compañía en los hogares españoles, con criterios vinculados al bienestar animal, la biodiversidad, la salud pública y la seguridad de las personas.
Un seguro para mascotas ayuda a gestionar imprevistos relacionados con daños a terceros, incidentes en espacios públicos o reclamaciones derivadas de la convivencia con animales. En perros, la responsabilidad civil cobra especial importancia porque el titular puede responder por daños personales o materiales causados por el animal.
El seguro para perros puede cubrir la responsabilidad civil ante daños involuntarios causados a otras personas, animales o bienes, según las coberturas, límites y condiciones contratadas. Esta protección resulta útil en situaciones cotidianas como:
Además, algunas pólizas pueden incluir servicios adicionales vinculados a asistencia, orientación o defensa jurídica, según el producto contratado. Antes de contratar, conviene revisar capital asegurado, exclusiones, ámbito territorial, límites por siniestro y si la póliza cubre a todas las personas responsables del animal.
La prevención sanitaria también forma parte de la tenencia responsable. Revisar el estado de salud del animal, acudir al veterinario ante síntomas y conocer las principales enfermedades de los perros puede reducir riesgos y ayudar a detectar problemas antes de que se agraven.
Un perro no debe permanecer desatendido en condiciones que comprometan su bienestar. La Ley 7/2023 prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos, y también prohíbe dejar animales en vehículos cerrados o expuestos a condiciones térmicas que puedan poner en peligro su vida.
Al adoptar o comprar un animal, hay que comprobar su identificación, estado sanitario y procedencia, especialmente si interviene un criador o entidad autorizada.
También deben respetarse las obligaciones de registro, cuidados, vacunación y tratamientos que marque la normativa estatal, autonómica o municipal aplicable.
No. La Ley de Bienestar Animal se aplica a animales de compañía y animales silvestres en cautividad, pero excluye determinados supuestos.
Quedan fuera, entre otros, los animales de producción, los perros de caza, las rehalas y los animales auxiliares de caza, que se rigen por su normativa específica.
Cumplir la Ley de Bienestar Animal 2026 significa identificar correctamente al animal, atender sus necesidades, evitar situaciones de abandono o riesgo, respetar las prohibiciones legales y revisar las obligaciones específicas que puedan aplicar en cada comunidad autónoma o municipio. Una buena prevención, junto con un seguro adecuado para perros, ayuda a reducir riesgos y a actuar con responsabilidad ante cualquier imprevisto.
