Qué es una derrama en la comunidad de propietarios

Qué es una derrama en la comunidad de propietarios

16/11/2026

Una avería en el ascensor, las humedades en la fachada o la necesidad de reparar una cubierta pueden obligar a una comunidad de vecinos a afrontar gastos que no estaban previstos.

Ante estos imprevistos, contar con un Seguro de Comunidades adecuado puede ayudar a cubrir determinados daños y evitar desembolsos extraordinarios, siempre que el siniestro esté incluido en las garantías contratadas.

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Una derrama en una comunidad de propietarios es una aportación económica extraordinaria que se solicita a los vecinos para financiar un gasto concreto que no puede cubrirse con el presupuesto ordinario o con los recursos disponibles de la comunidad.

Este importe puede destinarse a una reparación urgente, una obra de conservación o una mejora del edificio. Su cuantía y forma de reparto dependen de las características de la actuación, los acuerdos adoptados y las normas de la comunidad.

La principal diferencia entre una derrama y la cuota ordinaria de comunidad está en la finalidad de cada pago.

ConceptoCuota ordinariaDerrama

Finalidad

Cubrir gastos habituales del edificio

Financiar un gasto extraordinario

Periodicidad

Generalmente mensual o trimestral

Puntual o fraccionada

Ejemplos

Limpieza, electricidad y mantenimiento habitual

Reparación de fachada, sustitución de instalaciones

Importe

Según el presupuesto aprobado

Según el coste de la actuación y el reparto correspondiente

Duración

Continuada

Hasta cubrir el gasto previsto

Por ejemplo, una comunidad puede pagar 80 € mensuales por vivienda para cubrir sus gastos ordinarios y aprobar una derrama de 600 € por propietario para reparar una avería importante en las instalaciones comunes. Este reparto por partes iguales sería posible si así corresponde conforme a las reglas aplicables.

Las derramas no tienen una cuantía máxima general establecida por ley. Sin embargo, existen límites específicos y condiciones legales para determinadas obras de accesibilidad y mejoras que no sean necesarias para la conservación del inmueble.

Las derramas de una comunidad de vecinos suelen aprobarse cuando es necesario afrontar gastos que superan los recursos disponibles. Pueden responder a actuaciones obligatorias de conservación, reparaciones imprevistas o proyectos de mejora acordados por los propietarios.

Entre las situaciones más habituales se encuentran:

  • Reparaciones estructurales: actuaciones sobre cubiertas, fachadas, cimentaciones o elementos que afectan a la seguridad del edificio.
  • Averías en instalaciones comunes: roturas de tuberías generales, fallos en sistemas eléctricos o problemas importantes en el ascensor.
  • Obras de accesibilidad: instalación de rampas, ascensores o dispositivos que faciliten el acceso a personas con movilidad reducida.
  • Mejoras de eficiencia energética: rehabilitación de fachadas, aislamiento térmico o actuaciones destinadas a reducir el consumo energético.
  • Modernización de zonas comunes: renovación de portales, sustitución de determinados equipamientos o incorporación de nuevas instalaciones.

La Ley de Propiedad Horizontal distingue entre las obras obligatorias de conservación y accesibilidad y las mejoras que requieren acuerdos específicos de la junta.

Según su artículo 10, las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad, habitabilidad y conservación del inmueble son obligatorias y no requieren un acuerdo previo sobre la conveniencia de realizarlas. La junta debe resolver las cuestiones económicas y organizativas que correspondan.

La derrama por el ascensor puede surgir cuando la comunidad necesita instalar uno nuevo, sustituir un equipo antiguo, reparar una avería importante o adaptar sus elementos de seguridad a la normativa vigente.

Uno de los aspectos que más dudas genera es la relación entre la derrama del ascensor y las 12 mensualidades de gastos comunes.

El artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal establece que determinadas obras de accesibilidad, solicitadas en las condiciones previstas por la norma, son obligatorias cuando el importe anual repercutido, una vez descontadas las ayudas públicas, no supera el equivalente a 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Por ejemplo, si un propietario paga 90 € mensuales de comunidad, el equivalente a 12 mensualidades es:

90 € x 12 = 1.080 €

En este supuesto, 1.080 € es la referencia anual para ese propietario, dentro de las condiciones legales que hacen obligatoria la actuación sin necesidad de un acuerdo previo de la junta.

Si el coste supera esa cantidad, la obra puede seguir siendo obligatoria en determinadas circunstancias, como cuando quienes la solicitan asumen el exceso o se alcanzan las mayorías legalmente exigidas. También existen reglas específicas sobre las ayudas públicas que financian estas actuaciones.

Por su parte, el artículo 17.2 permite aprobar obras de accesibilidad y la instalación de ascensores mediante el voto favorable de la mayoría de propietarios que represente, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación. Cuando se alcanza este acuerdo, la comunidad queda obligada a asumir el gasto conforme a la ley.

Además, el Real Decreto 355/2024, que regula la seguridad de los ascensores, establece requisitos técnicos y medidas de adecuación para los equipos existentes. Estas obligaciones pueden generar gastos extraordinarios cuando las inspecciones detectan deficiencias que deben corregirse.

Una derrama para el arreglo de la fachada puede ser necesaria cuando el edificio presenta grietas, desprendimientos, filtraciones de agua, deterioro de balcones o problemas en sus elementos exteriores.

El artículo 10.1.a de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a realizar las actuaciones necesarias para mantener las condiciones de seguridad, habitabilidad y conservación del inmueble.

Por tanto, si una inspección técnica detecta daños que comprometen la seguridad del edificio, los propietarios deben contribuir a sufragar las obras obligatorias, aunque alguno no esté de acuerdo con su ejecución.

Imaginemos que la reparación de una fachada cuesta 36.000 € y una comunidad tiene 12 viviendas con idéntica participación en los gastos. Si no existen otros fondos disponibles, cada propietario tendría que aportar 3.000 €.

La junta podría acordar un calendario de seis pagos de 500 € para facilitar la financiación.

En cambio, cuando se plantea una mejora estética o una intervención que no sea necesaria para la conservación, deben aplicarse las mayorías y condiciones económicas correspondientes al tipo de actuación.

Es importante diferenciar el deterioro progresivo de una fachada de un daño accidental. El primero suele requerir una obra de mantenimiento a cargo de la comunidad, mientras que determinados daños ocasionados por un siniestro pueden estar cubiertos por el seguro, según sus condiciones.

La aprobación de una derrama en una comunidad de propietarios depende del tipo de obra o gasto que se necesite financiar. La Ley de Propiedad Horizontal establece distintas mayorías para adoptar acuerdos y diferencia las actuaciones obligatorias de aquellas que requieren una votación.

Los artículos 10 y 17 regulan los principales supuestos:

Tipo de actuaciónRequisitos legales

Obras necesarias de conservación

Son obligatorias y no requieren acuerdo previo sobre su realización

Determinadas obras de accesibilidad

Pueden ser obligatorias sin votación si cumplen las condiciones del artículo 10.1.b

Instalación de ascensores y supresión de barreras

Mayoría de propietarios y cuotas de participación, según el artículo 17.2

Determinadas mejoras de eficiencia energética

Mayoría simple de propietarios y cuotas, con las condiciones y límites legales

Mejoras no necesarias

Generalmente, tres quintas partes de propietarios y cuotas, según el artículo 17.4

En las obras obligatorias de conservación, la junta no puede decidir libremente que el edificio permanezca en una situación contraria a las exigencias legales. Sí debe organizar su ejecución y determinar las condiciones económicas que correspondan.

Para aprobar y gestionar una derrama, el procedimiento habitual consiste en presentar la necesidad de la actuación, solicitar presupuestos, determinar cómo se financiará y comunicar a los propietarios los importes y plazos de pago.

Una vez acordado el gasto, el reparto de la derrama suele realizarse según las cuotas de participación establecidas en el título constitutivo del edificio, salvo que exista una regla válida diferente.

Por ejemplo, si una obra cuesta 20.000 €, una vivienda con una cuota de participación del 5 % tendría que aportar:

En este supuesto, la derrama correspondiente sería de 1.000 €, independientemente de que otras viviendas tengan que pagar cantidades superiores o inferiores según sus coeficientes.

Si un propietario considera que el acuerdo incumple la normativa o perjudica sus derechos, puede examinar la posibilidad de impugnarlo conforme al artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. Para conocer los cauces disponibles, puedes consultar a dónde acudir ante un problema en la comunidad.

Como norma general, los propietarios de las viviendas y locales están obligados a pagar las derramas de la comunidad que les correspondan de acuerdo con la legislación y las reglas aplicables al inmueble.

El artículo 9.1.e de la Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación de contribuir a los gastos generales para el sostenimiento del edificio, sus servicios y las responsabilidades que no puedan individualizarse.

Esto significa que el propietario de un piso debe participar en los gastos comunes, incluso cuando no utilice habitualmente una determinada instalación, salvo que exista una exención legal o estatutaria aplicable.

También conviene distinguir diferentes situaciones:

  • Viviendas alquiladas: frente a la comunidad, el obligado al pago es el propietario. Los posibles acuerdos con el inquilino deben ajustarse a la normativa de arrendamientos.
  • Viviendas vacías: que un inmueble no esté ocupado no elimina, por sí mismo, la obligación de contribuir a los gastos comunitarios.
  • Locales comerciales: también participan en los gastos según las cuotas y reglas aplicables, aunque determinados conceptos pueden estar sujetos a exenciones válidas.
  • Propietarios que votaron en contra: pueden quedar obligados al pago si se trata de una actuación legalmente exigible o de un acuerdo que los vincule conforme a la ley.

Una situación especialmente frecuente aparece cuando se vende una vivienda con una derrama pendiente.

El artículo 17.11 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que las derramas destinadas a pagar mejoras realizadas o pendientes de ejecución corresponden a quien sea propietario cuando las cantidades resulten exigibles.

Por ejemplo, si una comunidad aprueba una derrama de 2.400 € dividida en 12 cuotas de 200 € y el propietario vende la vivienda después de vencer la cuarta cuota, las cantidades posteriores corresponderán, conforme a esa regla, al nuevo propietario.

En una compraventa también deben revisarse los importes vencidos, las obligaciones pendientes y los posibles pactos entre comprador y vendedor, teniendo en cuenta la responsabilidad legal del inmueble por determinadas deudas comunitarias anteriores.

Por eso, antes de adquirir una vivienda, es recomendable solicitar información sobre las derramas aprobadas y pendientes de pago, además del certificado relativo al estado de las deudas con la comunidad.

Un seguro de comunidad de propietarios puede evitar o reducir determinadas derramas cuando se produce un siniestro cubierto por la póliza. La indemnización permite afrontar los daños asegurados sin tener que solicitar necesariamente una aportación extraordinaria a todos los vecinos.

El Seguro de Comunidades de Allianz ofrece distintas garantías relacionadas con daños materiales, acción del agua, responsabilidad civil, asistencia y protección jurídica, según la modalidad y las coberturas contratadas.

Entre las situaciones en las que una póliza comunitaria puede resultar útil destacan:

  • Daños por agua: roturas o escapes accidentales en conducciones comunitarias que provoquen daños cubiertos.
  • Incendios: siniestros que afecten a instalaciones o elementos asegurados del edificio.
  • Rotura de cristales: daños en elementos acristalados incluidos en las garantías de la póliza.
  • Responsabilidad civil: reclamaciones por determinados daños personales o materiales causados a terceros.
  • Asistencia y protección jurídica: servicios de intervención o asesoramiento previstos en el contrato.

Por ejemplo, si una tubería comunitaria sufre una rotura accidental y provoca daños en varias viviendas, el seguro podría asumir los gastos cubiertos dentro de los límites, franquicias y condiciones de la póliza.

En cambio, si las conducciones deben sustituirse por su envejecimiento o falta de mantenimiento, esa renovación no queda automáticamente cubierta por el seguro.

Esta diferencia es especialmente importante al valorar las obras de fachada, las reparaciones de cubiertas y las instalaciones antiguas.

Además, conviene conocer la protección que ofrece la responsabilidad civil en una comunidad de propietarios. Esta cobertura puede intervenir, por ejemplo, cuando un elemento común causa daños a terceros y se cumplen las condiciones de aseguramiento.

El seguro comunitario también puede complementarse con el seguro particular de cada vivienda. Cuando un siniestro afecta a elementos comunes y privativos, es necesario identificar qué daños cubre cada contrato.

En nuestra guía sobre concurrencia de seguros de hogar y comunidad explicamos cómo se coordinan las pólizas cuando existe coincidencia de riesgos e intereses asegurados.

El artículo 32 de la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, regula los supuestos en los que varios contratos cubren el mismo interés y riesgo durante un periodo coincidente. La aplicación de esta regla depende de las circunstancias concretas del aseguramiento.

Por eso, contratar un Seguro de Hogar para la vivienda particular puede complementar las garantías de la comunidad y contribuir a proteger el patrimonio del propietario.

También es importante comprobar si el seguro de comunidad es obligatorio. La Ley de Propiedad Horizontal no establece una obligación general de aseguramiento para todos los edificios de España, aunque existen normativas autonómicas que contemplan exigencias específicas.

En cualquier caso, revisar periódicamente los capitales asegurados y las garantías contratadas ayuda a conocer qué gastos podrían estar cubiertos y cuáles tendrían que asumir los propietarios mediante sus aportaciones.

Las derramas comunitarias generan dudas sobre los plazos de pago, el uso de los fondos disponibles y las consecuencias de los impagos. Estas son las respuestas a tres de las consultas más habituales.

Sí, una derrama puede pagarse de forma fraccionada cuando la comunidad establece un calendario que permite distribuir el importe entre varias mensualidades o periodos de pago.

Esta opción es habitual en obras de importe elevado, como la rehabilitación de fachadas o la instalación de ascensores.

Por ejemplo, si a un propietario le corresponde una derrama de 1.800 €, la comunidad puede acordar distribuirla en:

  • 6 mensualidades: 300 €/mes
  • 12 mensualidades: 150 €/mes
  • 18 mensualidades: 100 €/mes

El fraccionamiento facilita que los propietarios puedan organizar sus pagos sin tener que afrontar todo el gasto de una sola vez.

Sin embargo, un propietario no puede imponer unilateralmente su propio calendario. Deben respetarse los plazos válidamente establecidos y las condiciones legales aplicables a la actuación.

Sí, el fondo de reserva de la comunidad puede utilizarse para financiar determinadas obras y gastos previstos legalmente, reduciendo la necesidad de aprobar nuevas aportaciones extraordinarias.

Según el artículo 9.1.f de la Ley de Propiedad Horizontal, las comunidades deben disponer de un fondo de reserva cuya cuantía no puede ser inferior al 10 % del último presupuesto ordinario.

Este fondo está destinado, entre otras finalidades legalmente previstas, a obras de conservación, reparación, rehabilitación, determinadas actuaciones de accesibilidad y eficiencia energética. También puede utilizarse para contratar un seguro del inmueble o un servicio de mantenimiento permanente.

Por ejemplo, si una comunidad dispone de un fondo de reserva de 12.000 € y necesita efectuar una reparación cubierta por las finalidades legales por importe de 8.000 €, podría financiarla con esos recursos, siguiendo las reglas correspondientes.

La normativa contempla condiciones para el mantenimiento y la reposición de la dotación mínima del fondo. Por ello, utilizarlo puede evitar una derrama inmediata, aunque posteriormente sea necesario realizar aportaciones para reponer las cantidades empleadas.

Cuando un vecino no paga una derrama exigible, la comunidad puede reclamar las cantidades pendientes mediante los procedimientos establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal.

El artículo 21 contempla mecanismos de reclamación de deudas comunitarias, incluido el procedimiento monitorio, siempre que se cumplan los requisitos legales.

Además, el artículo 15.2 establece que los propietarios con deudas vencidas y no satisfechas con la comunidad pueden quedar privados del derecho de voto en la junta, salvo que hayan impugnado judicialmente la deuda o procedido a su consignación judicial o notarial.

Las consecuencias del impago pueden incluir:

  • Reclamación de la deuda: la comunidad puede exigir el pago de los importes pendientes.
  • Intereses y medidas frente a la morosidad: cuando correspondan conforme a la normativa y a los acuerdos válidamente adoptados.
  • Limitaciones del derecho de voto: en las circunstancias previstas por la ley.
  • Procedimiento judicial: si la deuda no se satisface y la comunidad decide reclamarla por esta vía.

Para conocer los pasos que pueden seguirse ante estas situaciones, consulta nuestra guía sobre qué hacer si un vecino no paga la comunidad.

Las derramas son un mecanismo para financiar gastos extraordinarios y mantener el edificio en condiciones adecuadas de seguridad, conservación y habitabilidad.

Su aprobación, cuantía y reparto dependen del tipo de obra, de las normas de la comunidad y de la Ley de Propiedad Horizontal.

Antes de realizar una aportación, conviene comprobar el motivo del gasto, el presupuesto aprobado y las condiciones de pago. Mantener un fondo de reserva suficiente y disponer de un seguro comunitario con coberturas adecuadas puede ayudar a reducir el impacto económico de determinados imprevistos sobre los propietarios.

No necesariamente en todos los casos, pero una vivienda unifamiliar puede incorporar gastos que normalmente no existen de forma individual en un piso, como jardín, piscina, cubierta, fachada o instalaciones exteriores. En una comunidad, algunos de estos costes se distribuyen entre los propietarios, mientras que en una casa independiente recaen directamente sobre su titular.

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